Principales puntos
- Google compartió información sensible de un estudiante periodista con el ICE mediante una citación administrativa sin aval judicial.
- Entre los datos entregados había direcciones, IP, números telefónicos y también información financiera asociada a la cuenta de Google.
- El caso reabre el debate sobre privacidad digital y el uso de citaciones administrativas contra manifestantes y críticos del gobierno estadounidense.
Una investigación publicada por The Intercept (via TechCrunch) reveló que Google entregó una gran cantidad de datos personales y financieros de un estudiante y periodista al ICE en respuesta a una citación administrativa que no fue aprobada por un juez.
El episodio involucra a Amandla Thomas-Johnson, un estudiante británico que cursaba estudios en la Cornell University, en Nueva York, y que asistió brevemente a una protesta pro-Palestina en 2024.
Qué información Google compartió con el ICE
De acuerdo con el reporte, Google proporcionó nombres de usuario, direcciones físicas y una lista detallada de los servicios vinculados a la cuenta del estudiante.
También se entregaron direcciones IP, números de teléfono, identificadores de suscripción y datos financieros como números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias asociadas a la cuenta de Google.
La citación administrativa incluía una orden de confidencialidad y no explicaba de forma clara el motivo de la solicitud.
Según Thomas-Johnson, el requerimiento de sus datos ocurrió apenas dos horas después de que la universidad le informara que el gobierno de Estados Unidos había revocado su visa de estudiante.
Cómo funcionan las citaciones administrativas
A diferencia de las órdenes judiciales, las citaciones administrativas son emitidas directamente por agencias federales sin la intervención de un juez.
No permiten acceder al contenido de correos electrónicos ni a historiales de búsqueda, pero sí a metadatos e información identificable, utilizada muchas veces para eliminar el anonimato de usuarios en línea.
Aunque las empresas tecnológicas no están obligadas legalmente a cumplir este tipo de solicitudes, el caso demuestra que algunas optan por colaborar.
En los últimos años, este mecanismo ha sido utilizado para obtener datos de personas que critican o protestan contra políticas del gobierno estadounidense, incluidas cuentas anónimas en redes sociales que alertan sobre operativos del ICE.
Reacción de organizaciones de derechos digitales
La semana pasada, la Electronic Frontier Foundation envió una carta a compañías como Amazon, Apple, Meta y Microsoft exigiendo que dejen de entregar datos al Departamento de Seguridad Nacional, organismo que supervisa al ICE, en respuesta a citaciones administrativas.
En el documento, la organización expresa su preocupación por la falta de impugnación de solicitudes que podrían ser ilegales o inconstitucionales.
También pide que las empresas exijan validación judicial antes de compartir información y que notifiquen a los usuarios afectados con tiempo suficiente para que puedan cuestionar dichas citaciones.
Hasta el momento, ni Google ni el ICE han respondido oficialmente sobre el caso, que fue difundido inicialmente por TechCrunch.
Para Thomas-Johnson, el episodio obliga a reflexionar sobre cómo resistir en un escenario donde gobiernos y grandes tecnológicas concentran cada vez más información sobre las personas.
