Meta está involucrada en una batalla legal con la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC), que podría resultar en la obligación de vender Instagram y WhatsApp.
El proceso, iniciado en 2020, acusa a la empresa de haber adquirido estas redes sociales para reducir la competencia en el mercado de las redes sociales. Aunque el caso original fue archivado en 2021, la FTC revisó la denuncia y obtuvo permiso para reabrir la acción.
El pasado miércoles, el juez James Boasberg, de Washington, decidió que el caso puede continuar. Meta intentó nuevamente archivar el proceso en abril de 2024, pero el juez decidió que la mayoría de las acusaciones seguirían adelante.
Sin embargo, la alegación de que Meta habría actuado de manera anticompetitiva al restringir el acceso de los desarrolladores a sus APIs fue desestimada, debido a la falta de pruebas concretas de intenciones anticompetitivas.
En respuesta a la decisión, Meta se mostró confiada de que el tribunal reconocerá los beneficios de las adquisiciones de Instagram y WhatsApp para los consumidores.
En un comunicado, el portavoz de la empresa, Christopher Sgro, expresó que espera que el tribunal refuerce los efectos positivos de estas adquisiciones en el mercado.
Meta también argumentó que sus plataformas enfrentan una fuerte competencia de gigantes como YouTube, TikTok, X (anteriormente Twitter) e iMessage, sugiriendo que el entorno de las redes sociales sigue siendo altamente competitivo, sin pruebas de prácticas anticompetitivas.
Departamento de Justicia de EE. UU. considera obligar a Google a vender Chrome y Android
Google podría enfrentar una situación similar a la que está lidiando Meta, con la posibilidad de ser obligado a vender partes significativas de su negocio, como Chrome, Android y otros productos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está considerando solicitar al tribunal que ordene la venta de unidades de Google para debilitar el monopolio de la empresa en el mercado de búsquedas en línea.
La preocupación es que Google ha controlado canales de distribución esenciales, como Chrome y Android, lo que limita la competencia e inhibe la innovación en el sector.
Además, los fiscales están evaluando cambios estructurales que impedirían que Google utilice estos productos, incluido el sistema Android y el navegador Chrome, para impulsar aún más su negocio de búsqueda.
El gobierno también está centrado en los acuerdos de búsqueda predeterminada que Google ha hecho, y una de las propuestas sería limitar o incluso prohibir estos contratos, que favorecen a la empresa en detrimento de sus competidores.
