Antes de firmar el controvertido contrato del Proyecto Nimbus con Israel, Google ya sabía que no tendría control total sobre cómo el país utilizaría su poderosa tecnología de computación en la nube.
Un informe interno confidencial, obtenido por The Intercept, revela que la empresa estaba al tanto de los riesgos de proporcionar herramientas avanzadas a un gobierno acusado de violaciones de derechos humanos.
El Proyecto Nimbus es un acuerdo multimillonario entre Google, Amazon y el gobierno de Israel para proporcionar servicios de computación en la nube, como almacenamiento de datos y herramientas de inteligencia artificial.
Antes de firmar el contrato, Google contrató a expertos para evaluar los riesgos. El informe interno mostró que la empresa sabía que no podría monitorear completamente cómo Israel utilizaría la tecnología, especialmente en acciones militares.
Además, el contrato requería una colaboración cercana con las fuerzas de seguridad israelíes, algo que Google nunca había hecho con otros países.
Un consultor llegó a sugerir que la empresa limitara el acceso de Israel a herramientas de inteligencia artificial, pero los términos del contrato dificultaban esto.
Otro punto preocupante es que el acuerdo limitaba la capacidad de Google para responder a investigaciones internacionales.
Por ejemplo, si otro país quisiera investigar el uso de la tecnología por parte de Israel, Google estaría obligada a consultar al gobierno israelí antes de actuar, lo que podría ponerla en conflicto con leyes internacionales.
El informe también destacó que el contrato daba a Israel libertad para usar los servicios de Google casi sin restricciones, aumentando el riesgo de que la tecnología fuera utilizada de manera perjudicial, como en violaciones de derechos humanos en Cisjordania.
Con el conflicto en Gaza intensificándose y las acusaciones de abusos creciendo, Google y el Proyecto Nimbus podrían enfrentar responsabilidades legales por saber de los riesgos y aún así seguir con el contrato.
Aunque la empresa afirma que el proyecto sigue sus políticas de uso, la falta de transparencia sobre cómo se utiliza la tecnología por parte de Israel plantea cuestiones éticas.
