Un escándalo reciente ha sacudido al sector tecnológico y ha llamado la atención incluso de quienes no suelen seguir el mundo de la inteligencia artificial.
Builder.ai, una startup con sede en Londres que se decía especialista en soluciones de IA para la creación de aplicaciones, se declaró en quiebra tras el descubrimiento de un fraude que se venía perpetrando entre bastidores en la empresa.
A pesar de prometer un sistema automatizado basado en inteligencia artificial para ayudar a las empresas a desarrollar sus propias aplicaciones de forma rápida y práctica, la verdad detrás del servicio era muy diferente.
En lugar de una IA real, Builder.ai utilizaba un equipo de 700 personas en la India para realizar las tareas manualmente, todo esto sin el conocimiento de los clientes.
Los usuarios creían que estaban interactuando con algoritmos avanzados, pero en la práctica estaban siendo atendidos por seres humanos entrenados para parecer robots.
La empresa ya era vista con cierta desconfianza desde 2019, cuando expertos comenzaron a cuestionar si la inteligencia artificial utilizada era realmente auténtica.
Aun así, Builder.ai logró conquistar grandes socios, como Microsoft. En 2023, las dos empresas anunciaron una colaboración estratégica, con integración con Microsoft Teams e incluso inversión directa por parte del gigante de Redmond.
En ese momento, Microsoft llegó a decir que Builder.ai estaba «creando una nueva categoría que permite que cualquier persona se convierta en desarrollador».
Todo comenzó a derrumbarse el mes pasado, cuando la empresa financiera Viola Credit bloqueó 37 millones de dólares de Builder.ai y descubrió inconsistencias en las finanzas de la startup. El análisis reveló que los ingresos previstos para 2024 estaban inflados en un 300%.
Con la declaración de quiebra, más de 500 empleados perdieron sus trabajos, y Microsoft podría sufrir pérdidas con una deuda de más de 30 millones de dólares en servicios de nube no pagados.
El caso ahora está siendo investigado por autoridades en Estados Unidos, que exigen documentos financieros y de clientes para esclarecer los detalles del fraude.
